El caso de Daniel Sancho, el chef español acusado de un grave crimen en
Tailandia, ha puesto de relieve las profundas diferencias entre los sistemas
penitenciarios español y tailandés. Este artículo aboga por la necesidad
imperativa de que las autoridades españolas gestionen la repatriación de
Daniel Sancho, en caso de ser condenado, y de cualquier otro preso que
padezca el sistema tailandés, para que cumplan su condena en España. Los
motivos no sólo son humanitarios, sino también jurídicos y basados en los
principios de Derechos Humanos que España está obligada a defender y
promover internacionalmente.
1. Derechos Humanos y dignidad en las cárceles.
Las cárceles tailandesas son conocidas por sus condiciones inhumanas, que
incluyen hacinamiento extremo, malos tratos, tortura y explotación laboral.
Según Prison Insider, la ocupación de las prisiones en Tailandia alcanza el
339%, lo que resulta en condiciones de vida indignas, con celdas tan
abarrotadas que los presos duermen sentados o apiñados en el suelo. La
higiene, la alimentación y la asistencia médica son gravemente deficientes, y
la corrupción permite que solo quienes tienen recursos obtengan un trato
algo más favorable. Estas condiciones vulneran los estándares
internacionales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) que prohíbe el trato cruel, inhumano o
degradante. Tailandia es signataria, aunque lo vulnere reiteradamente.
2.- Repatriación como Derecho de Protección Internacional.
España, como Estado miembro de la Unión Europea y firmante de Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, tiene la obligación de garantizar
que sus ciudadanos reciban un trato digno, incluso cuando están privados de
libertad en el extranjero. El Convenio sobre el Traslado de Personas
Condenadas del Consejo de Europa, que España ha ratificado, ofrece un
marco jurídico para la repatriación de ciudadanos condenados en el
extranjero, permitiendo que estos cumplan sus condenas en su país de
origen, donde se garantizan mejores condiciones de detención y
posibilidades reales de rehabilitación.
3.- Comparación de sistemas penitenciarios: España vs. Tailandia.
El sistema penitenciario español, aunque no exento de críticas, está diseñado
para cumplir con el mandato constitucional de reeducación y
reinserción social de los condenados, tal y como establece el artículo
25.2 de la Constitución Española. Este enfoque contrasta radicalmente con
el sistema tailandés, que es exclusivamente punitivo y no ofrece
ninguna oportunidad de rehabilitación. En España, los presos tienen
derecho a condiciones de vida dignas, acceso a la salud, a la educación y a
programas de reinserción, además de un régimen de visitas que permite
mantener vínculos familiares, aspectos fundamentales para la reintegración
social. Nuestro sistema cumple con los más altos estándares de
cumplimiento de la normativa europea e internacional gracias al respeto de
los derechos de las personas en prisión.
4.- El contexto del Caso Sancho: Un ejemplo de injusticia potencial.
El caso de Daniel Sancho no es un incidente aislado. Numerosos testimonios
de extranjeros encarcelados en Tailandia, como los documentados por Colin
Martin, Warren Fellows y Gary Graeme Jones, revelan un sistema en el que la
tortura y los malos tratos son habituales, y donde el acceso a un juicio justo y
a condiciones humanas de detención es extremadamente limitado. La
experiencia de Artur Segarra, otro español condenado en Tailandia es
ilustrativa de las graves deficiencias del sistema judicial y penitenciario
tailandés.
Cuando el principal centro penitenciario de Tailandia, Bang Kwang, es
conocido con el sobrenombre de “el gran tigre”, por su capacidad de
comerse vivos a los hombres, nos debemos temer lo peor. Celdas repletas,
falta de higiene, 1 metro cuadrado por interno, grilletes, 16 horas sin
comida, sobornos como moneda de cambio, dormir en el suelo con un par de
mantas son ejemplos de realidad que padecen los internos en cárceles
tailandesas, de hecho, Amnistía Internacional ha llegado a señalar: “las
duras condiciones imperantes en las prisiones, incluidos el hacinamiento
extremo y la falta de alimentos, higiene y atención médica. El problema del
hacinamiento ha ido en aumento, ya que cada vez se detiene a más gente por
delitos relacionados con drogas. Aunque Amnistía Internacional reconoce la
gravedad del problema de las drogas en Tailandia, pide también que se tomen
medidas adecuadas en relación con el aumento de la población carcelaria.
Asimismo, las prisiones tienen un alto índice de muertes bajo custodia por
enfermedades como la tuberculosis y el SIDA, y muchos presos no reciben
atención médica en absoluto.” Amnistía Internacional también ha
denunciado la extrema violencia y maltrato que padecen las personas que
están cumpliendo condena en las cárceles tailandesas.
En su informe: “Widespread. Abuses in the Administration of Justice”
(Abusos generalizados en la administración de justicia de Tailandia),
Amnistía Internacional detalla y explicita casos de tortura, violencia
extrema y malos tratos que son incompatibles con la defensa de los
Derechos Humanos que impera en nuestro ordenamiento jurídico.
Los diversos informes de la Federación Internacional por los Derechos
Humanos (FIDH), Human Right Watch, ONU y UE confirman lo que se
detalla en este artículo y, adicionalmente, denuncian la explotación laboral,
los sobornos, la corrupción, los tratos abusivos y degradantes, el empleo de
la pena de muerte y los padecimientos y enfermedades derivadas de las
condiciones extremas en las que se cumple condena.
La sobreocupación penitenciaria en las prisiones de Tailandia, entre los
centros más duros del mundo, aparece relatado, año tras año, en los
informes de distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos, así
como de organismos internacionales como Naciones Unidas. De acuerdo
con los datos más recientes, aportados por Prison Insider, plataforma de
información sobre las prisiones del mundo, un total de 311.000 reclusos se
reparten en las 143 prisiones del país; datos que reflejan una tasa
de ocupación del 339%. Estos datos suponen que cada preso dispone de
poco más de un metro cuadrado y los consecuentes escenarios de dormir
sentados abrazados a sus rodillas o tumbados de costado junto a la espalda
del otro interno. Una vez más, se detallan deficiencias graves en higiene,
alimentación -comen muy poco y muy mal- y asistencia sanitaria,
completando la grave y perturbadora radiografía del sistema penitenciario
tailandés.
5.- La obligación moral y jurídica de España
La repatriación de Daniel Sancho, en caso de ser condenado, y de otros
condenados en prisiones Tailandesas no es solo una cuestión de protección
consular; es una obligación moral y jurídica de España. Permitir que un
ciudadano español cumpla su condena en condiciones inhumanas y
degradantes sería una grave negligencia por parte de las autoridades
españolas, que están obligadas a proteger los derechos fundamentales
de sus ciudadanos, incluso en el extranjero. España debe usar todos los
instrumentos legales y diplomáticos a su disposición para asegurar que
Daniel Sancho cumpla su condena en España, en un entorno que respete su
dignidad, sus derechos y ofrezca posibilidades reales de rehabilitación.
En conclusión, la repatriación de Daniel Sancho no solo es necesaria por
razones humanitarias y de derechos humanos, sino que es un imperativo
legal que España debe cumplir. Las condiciones en las cárceles tailandesas
son inaceptables según cualquier estándar internacional, y permitir que un
ciudadano español sufra en ese entorno es incompatible con los principios
que España defiende en su política exterior y su ordenamiento jurídico.
El Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de
Tailandia sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales,
de fecha 7 de diciembre de 1983, en concordancia con el Convenio 112 del
Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas de 21 de marzo
de 1983, permite el traslado de Daniel Sancho, si es finalmente condenado, y
del resto de españoles que están en cárceles tailandesas.
López Viejo Abogados está firmemente comprometido con la defensa de los
Derechos de las personas que están en prisión, estén donde estén, y con la
firme convicción de garantizar el estricto cumplimiento de la legislación
penitenciaria internacional más garantista, para que la pena cumpla los
objetivos establecidos por la ley y permita resocializar al condenado, lo
antes posible.
