La manifestación celebrada el pasado 27 de mayo ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), en Madrid, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que España lleva demasiado tiempo relegando: la situación real de las personas privadas de libertad y las graves carencias estructurales de nuestro sistema penitenciario.

En López Viejo Abogados, despacho especializado en Derecho Penitenciario, somos testigos cada día de la angustia de familias que no comprenden por qué no hay un médico en el centro, por qué su familiar no ha recibido atención psiquiátrica, o por qué se tarda semanas en gestionar una derivación hospitalaria. La respuesta es dolorosa, pero cierta: porque el sistema no tiene medios suficientes y los internos en las cárceles españolas no son relevantes para la Administración. Mi experiencia personal sobre este asunto ha sido determinante para escribir un artículo como este.

El olvido institucional de la política penitenciaria

Desde la Transición, la política penitenciaria ha sido una asignatura olvidada por los diferentes gobiernos. Si bien la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de 1979 sentó unas bases garantistas y modernas para la época, la realidad actual es que los centros penitenciarios están desbordados, infrafinanciados y gravemente debilitados en recursos humanos y materiales.

Quien ingresa en prisión sufre una doble condena: la pérdida de libertad y, en muchos casos, la renuncia a una atención digna. Pero no puede ser así. Desde el momento en que el Estado priva a una persona de libertad, asume la obligación legal, moral y ética de proteger su vida, su salud y su integridad. Esta obligación no admite atajos ni recortes.

Sanidad penitenciaria: un sistema colapsado

Médicos: una ausencia alarmante

  • De las 173 plazas sanitarias en prisiones de Madrid, 69 estaban vacantes al cierre de 2024.
  • A nivel nacional, el déficit en médicos alcanza el 67 %.
  • Estremera no cuenta con ningún médico; en Alcalá-Meco solo hay uno de ocho plazas cubiertas.
  • Se han ofertado 69 plazas para medicina de familia e interna, y 20 de psiquiatría, pero quedaron vacantes.
  • Solo unas 190 de las 500–536 plazas médicas están ocupadas.

Enfermeros y otros profesionales sanitarios

  • Convocatorias activas (abril 2025) para personal sanitario interino.
  • Plazas de enfermería: 97 en 2020 frente a solo 25 en 2023.
  • En Madrid, la falta de enfermeros alcanza el 30 %.

Centros colapsados: ejemplos concretos

  • Villahierro (León): solo 4 médicos de los 10 necesarios para casi 900 internos.
  • Picassent (Valencia): 6 de 22 puestos médicos cubiertos.

Consecuencias humanas y jurídicas

  • Vulneración del derecho a la salud, garantizado por la Constitución.
  • Retrasos clínicos y agravamiento de enfermedades.
  • Mayor conflictividad y riesgo laboral para funcionarios.
  • Fallecimientos evitables (180 muertes anuales en prisión).

En algunos centros, hay un solo médico para toda la población reclusa, o ni siquiera eso. Se depende de servicios privados o de telemedicina para urgencias. También faltan enfermeros, psiquiatras, psicólogos y especialistas en salud mental.

Funcionarios de prisiones: sin medios ni reconocimiento

El deterioro también afecta al personal penitenciario. Los funcionarios reclaman ser considerados agentes de la autoridad y recibir formación y medios adecuados. En prisiones como Picassent, Dueñas o Topas, la plantilla está mermada, los turnos son extenuantes y las agresiones se han disparado. Solo en 2024, se registraron más de 600 agresiones a funcionarios en Cataluña, 79 de ellas graves.

Es imposible cumplir una función rehabilitadora en un entorno saturado, sin medios y con constante presión emocional. La protección de los derechos de los internos pasa también por garantizar unas condiciones de trabajo dignas para quienes custodian y acompañan a esa población.

Las muertes en prisión: el dato que duele

Cada año, más de 180 personas fallecen en prisión. Algunas por enfermedades crónicas mal atendidas, otras por sobredosis o suicidio. Lo grave no es solo la cifra, sino la sensación de opacidad y falta de investigación real. Las familias muchas veces ni siquiera reciben explicaciones claras.

La administración tiene el deber de informar, esclarecer, acompañar a las familias y, si procede, asumir responsabilidades.

No más excusas: urge un cambio

Lo que hoy denunciamos no es nuevo. Las asociaciones de familiares, los sindicatos de prisiones, los sanitarios y los propios internos lo vienen repitiendo desde hace años. El sistema penitenciario no puede ser un espacio de segunda, olvidado por los Presupuestos y por el debate político. La persona que está en la cárcel es un ciudadano con derechos y sus familias también.

Desde López Viejo Abogados, proponemos:

  • La integración plena de la sanidad penitenciaria en los sistemas públicos autonómicos.
  • La cobertura de todas las plazas vacantes de personal médico y sanitario.
  • La profesionalización y dignificación del cuerpo de funcionarios.
  • La creación de un observatorio independiente sobre las condiciones de vida en centros penitenciarios.

Una llamada a la conciencia jurídica y social

En López Viejo Abogados creemos que los derechos fundamentales no se extinguen tras los muros de una prisión. Y que la sociedad que mira hacia otro lado cuando muere un interno, cuando se derrumba un funcionario o cuando se ignora a una familia, es una sociedad que fracasa en su deber de justicia y humanidad.

Como abogados especializados en derecho penitenciario, no solo defendemos expedientes, recursos y solicitudes. Defendemos la dignidad de las personas privadas de libertad. Porque también ellos tienen nombre, rostro y derechos.

Este artículo es también un homenaje a quienes sufren en silencio una segunda condena: la del olvido. Nosotros no lo hacemos.