La situación de la población reclusa en España refleja una compleja realidad en
constante evolución, marcada por cambios demográficos, delitos prevalentes y
desafíos en la gestión penitenciaria. A finales de 2023, España contaba con
56.698 internos en sus prisiones, de los cuales el 31.2% eran extranjeros, un
dato significativo que, aunque ha disminuido respecto a máximos históricos, ha
repuntado un 1,1% en comparación a 2022 y plantea cuestiones relevantes
sobre la integración y tratamiento de esta población en el sistema penitenciario
español. En este último año la población reclusa se ha incrementado en 947
internos en comparación con el año 2022.
Situación de la población reclusa extranjera
En los últimos 15 años, el número de presos extranjeros ha caído un 35%,
pasando de 27.162 en 2009 a 17.793 en 2023. Esta tendencia contrasta con la
disminución del 20% de reclusos españoles durante el mismo periodo. Sin
embargo, el peso relativo de los extranjeros en el total de la población reclusa
ha aumentado ligeramente en el último año, poniendo fin a un periodo de
estabilidad. Esta reducción se debe a factores como cambios en las políticas
migratorias, una menor tasa de criminalidad entre inmigrantes y mejoras en la
cooperación judicial internacional.
Tipología delictiva: evolución y nuevas tendencias
El panorama delictivo en las cárceles españolas está cambiando. Aunque los
robos y delitos contra la salud pública siguen siendo los más comunes,
representando el 54.3% de los casos, su incidencia ha disminuido en casi 25
puntos porcentuales en los últimos años. En contraste, ha aumentado el
número de hombres condenados por delitos de violencia machista y sexual,
que ya representan el 21.4% del total, superando a los delitos de drogas, que
se sitúan en un 15.5%. En estos momentos, hay 250 presos condenados por
terrorismo, 143 etarras, 81 por terrorismo islámico, 14 del Grapo y 4 de
resistencia Galega.
En cuanto a las mujeres debemos señalar que la mayoría se encuentra presa
por robos y narcotráfico, pero se observa un aumento en los delitos violentos
como homicidio y lesiones. Estos cambios reflejan una creciente preocupación
por la modificación en los patrones de criminalidad entre mujeres, que están
involucrándose en delitos más graves. Actualmente, hay más 4.000 mujeres
internas en diversos Centros Penitenciarios, frente a los 52.698 hombres
Composición demográfica y envejecimiento de la población reclusa
La edad media de los presos condenados en España es de 41.7 años, lo que
indica un envejecimiento progresivo de la población carcelaria. La franja etaria
predominante se encuentra entre los 31 y 60 años, lo que constituye tres
cuartas partes del total de internos. Este envejecimiento, junto con la reducción
de jóvenes en prisión, plantea desafíos adicionales en términos de salud y
rehabilitación, pues las necesidades de los reclusos mayores son más
complejas y costosas de gestionar.
Por grupos de edad, la distribución queda de este modo: 30% entre 31 y 40
años, 28% entre 41 y 50 años, el 16 % entre 51 y 60 años y la población
reclusa juvenil que se enmarca entre los 18 y 20 años, es de menos del 1%.
Distribución geográfica y centros penitenciarios
Andalucía lidera como la Comunidad Autónoma con más internos, con 12.551
presos al finalizar 2023, seguida de Cataluña con 8.041 internos y Madrid con
7.066 personas en la cárcel. La prisión Antoni Asunción Hernández de Valencia
es la cárcel con más reclusos en el país, con 2.127 internos. La distribución de
la población reclusa varía significativamente entre Comunidades, reflejando
diferencias en la gestión penitenciaria y las tasas de criminalidad regionales. El
País Vasco, con las competencias en materia penitenciaria totalmente
transferidas, tiene a 1.574 presos.
Fugas y seguridad: Un desafío persistente
Las fugas de presos durante traslados a citas médicas o judiciales son un
problema recurrente. En 2023, se registraron 444 intentos de evasión, siendo
los hospitales y clínicas médicas los lugares más frecuentes. La mayoría de
estas fugas se producen debido a la falta de recursos, personal y medidas de
seguridad adecuadas, como la ausencia de garajes restringidos en centros
hospitalarios para el acceso seguro de los presos.
Los datos muestran que el 83.3% de las fugas efectivas ocurrieron fuera de las
prisiones, lo que subraya la necesidad urgente de mejorar los protocolos de
seguridad y la infraestructura durante los traslados. Propuestas como la
habilitación de garajes con acceso directo y áreas de custodia específicas en
hospitales son medidas necesarias para mitigar estos riesgos y proteger tanto a
los internos como al personal de custodia.
Conclusión
La situación de la población reclusa en España está marcada por una
disminución de la criminalidad entre los extranjeros, un envejecimiento de los
internos y un cambio en los delitos predominantes. Sin embargo, los desafíos
persisten, especialmente en la gestión de la seguridad durante los traslados y
en la atención a las necesidades especiales de una población envejecida.
Abordar estos retos requerirá reformas y un enfoque más proactivo en la
protección de los derechos y la dignidad de los internos, así como en la
implementación de medidas que mejoren la seguridad y el funcionamiento de
todo el sistema penitenciario español. Desde López Viejo Abogados solicitamos
que se doten de más recursos y personal a los Centros Penitenciarios, para
que puedan garantizar el mandato constitucional de la reeducación y
reinserción de las personas en la cárcel, con la máxima seguridad, eficacia y
garantías.
